La Justicia investiga una posible cartelización y el suministro de comida en mal estado en el penal de Ezeiza.
La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una causa que investiga presuntos vínculos irregulares con empresas proveedoras de alimentos para detenidos en el complejo penitenciario de Ezeiza.
La medida fue ordenada por el juez Federico Villena, quien investiga una posible cartelización del servicio de comidas, con la utilización de empresas presuntamente vinculadas entre sí para eludir sanciones judiciales previas por la entrega de alimentos en mal estado.
Durante el procedimiento se vivieron momentos de tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono celular. Primero entregó un aparato antiguo y luego aseguró haber extraviado el que usaba habitualmente, aunque informes técnicos indicaron que el dispositivo había emitido señal pocas horas antes del allanamiento.
La causa se originó tras denuncias de internos por alimentos contaminados. Peritajes oficiales confirmaron la presencia de bacterias no aptas para el consumo humano, lo que derivó en la exclusión de una empresa proveedora y en la sospecha de que otra firma habría operado como fachada, utilizando los mismos recursos y personal.
Según la investigación, incluso el propio magistrado habría sufrido una descompensación tras probar la comida suministrada en el penal, hecho que reforzó las sospechas sobre la gravedad de la situación sanitaria dentro del establecimiento.
Martínez asumió la conducción del SPF en marzo de 2024 y su gestión quedó ahora bajo la lupa judicial, mientras avanza una investigación que apunta a desarticular presuntas redes de corrupción enquistadas desde hace años en el sistema penitenciario federal.











