El fallo exige intervenir de forma prioritaria los tramos más dañados entre Bariloche y El Bolsón, donde se registran pozos, grietas, ahuellamientos y banquinas descalzadas. La resolución también ordena presentar estudios de riesgo y un plan de mantenimiento, ante los reiterados planteos provinciales por el estado del corredor andino.
La decisión judicial llega luego de meses en los que municipios, cámaras del transporte y organismos provinciales alertaban sobre el desgaste acelerado del corredor cordillerano. La ruta, que funciona como eje económico y turístico para la región andina, venía acumulando incidentes viales y demoras crecientes, producto de un deterioro que no había sido atendido con la urgencia requerida. Con este pronunciamiento, el tribunal introduce un cambio drástico en la forma en que se deberá administrar el mantenimiento del trazado.
Desde el Gobierno provincial señalan que la sentencia reconoce formalmente los riesgos que habían sido señalados en los informes técnicos elevados a Nación. En esos relevamientos se describían fallas estructurales que, de no ser corregidas, podían comprometer la circulación durante la temporada turística. La respuesta judicial, afirman, no solo valida esos planteos, sino que obliga a adoptar una hoja de ruta precisa que hasta ahora no existía.
La orden de elaborar estudios de riesgo abre un nuevo capítulo para la gestión de la infraestructura vial en la zona. Especialistas consultados destacan que este tipo de evaluaciones técnicas permite identificar puntos críticos, proyectar intervenciones futuras y prevenir nuevos escenarios de degradación acelerada. Además, la obligación de sistematizar la información bajo parámetros verificables introduce un nivel mayor de control sobre la ejecución de obras.
En paralelo, el pedido de un plan de mantenimiento a corto y mediano plazo implica que Vialidad Nacional deberá establecer prioridades y garantizar recursos específicos para sostener las reparaciones en el tiempo. Esto supone, según explican fuentes del sector, pasar de trabajos aislados a una estrategia continua que contemple el impacto del clima, el tránsito pesado y la geografía del corredor, elementos que suelen acelerar el desgaste sin una supervisión adecuada.
Las comunidades de Bariloche y El Bolsón siguieron de cerca la evolución del caso, conscientes de que el estado de la ruta influye directamente en la movilidad diaria, la actividad productiva y el flujo turístico. Con la sentencia en marcha, vecinos y operadores económicos esperan que los trabajos comiencen sin nuevos retrasos y que se avance hacia un corredor más seguro y previsible. Si las obligaciones fijadas se cumplen, la región podría dejar atrás años de deterioro sostenido y recuperar un nivel de transitabilidad acorde a su importancia estratégica.
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