La fiscalía identificó a Sergio Daniel Mastropietro como una pieza central en el circuito financiero que habría dado apariencia legal a fondos desviados de contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La causa que investiga corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad reveló un entramado paralelo de desvío de dinero público que operaba junto al circuito formal de contrataciones. En ese esquema, el fiscal Franco Picardi destacó el rol de Sergio Daniel Mastropietro, empresario aeronáutico y socio del financista Fred Machado, quien será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico.

Según el dictamen fiscal, Mastropietro habría intervenido en el movimiento y la posible legitimación de fondos obtenidos por el grupo encabezado por Miguel Ángel Calvete, un operador con llegada a funcionarios y con vínculos con el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. La evidencia más clara surgió a partir de transferencias millonarias dirigidas a Baires Fly S.A., la firma aeronáutica ligada al empresario.

La investigación determinó que, en septiembre de 2025, Calvete envió a Mastropietro archivos con capturas de operaciones bancarias de cientos de millones de pesos provenientes de droguerías beneficiadas por licitaciones con presuntos sobreprecios. Tras recibir esos movimientos, Mastropietro respondió con facturas de Baires Fly a las mismas empresas por idénticos montos bajo el concepto de compra de kilómetros de vuelo, un mecanismo que la fiscalía considera compatible con maniobras de lavado.

La pesquisa también detectó contactos entre Spagnuolo y Mastropietro mediante visitas a un domicilio privado que coincidieron con los movimientos de Calvete y de la administradora de fondos del grupo, Guadalupe Ariana Muñoz. A esto se sumaron vínculos con figuras de Río Negro, provincia de origen de varios implicados y del dueño de Baires Fly, Luis Grande.

El expediente destacó además que Mastropietro fundó en 2018 la firma MEGASTATICA S.A.S. junto a una funcionaria de la ANDIS y en un domicilio ligado a sociedades de Calvete, lo que refuerza la hipótesis de un circuito coordinado. La trazabilidad del dinero apunta al desvío de fondos a través de compras direccionadas de medicamentos e insumos de alto costo, un negocio que concentró adjudicaciones por más de $30.000 millones.