La ley establece que la mayoría de los trabajadores en obras provinciales sean rionegrinos, incorpora un cupo para mujeres y disidencias, crea un registro de trabajadores y prevé sanciones para las empresas que no cumplan, con el objetivo de que cada obra contribuya al empleo local y al desarrollo de la provincia.

La ley obliga a que, como mínimo, ocho de cada diez puestos de trabajo en obras financiadas por Río Negro sean ocupados por rionegrinos, además de incorporar un cupo obligatorio para mujeres y disidencias. También establece la creación de un registro único de trabajadores de la construcción que permitirá organizar la demanda laboral y garantizar la transparencia en las contrataciones.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se trata de una herramienta que no solo protege el empleo, sino que también promueve la capacitación y profesionalización de la mano de obra local. Para las empresas contratistas, la normativa incluye sanciones en caso de incumplimiento, con el fin de asegurar que la ley se cumpla efectivamente en cada proyecto.

Weretilneck remarcó que la medida responde a un reclamo histórico de los gremios de la construcción y de las comunidades, que pedían que las grandes obras provinciales generen oportunidades laborales para los propios habitantes. “La obra pública tiene que ser motor de desarrollo: queremos que los rionegrinos vean los resultados en sus barrios, en sus familias y en su futuro”, afirmó.

Con esta legislación, Río Negro se posiciona entre las provincias que priorizan la contratación local como estrategia para sostener el empleo, reducir desigualdades y fortalecer la economía regional.