Argentina es reconocida mundialmente como uno de los principales productores de alimentos, con una capacidad exportadora que abastece a más de 400 millones de personas. Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el país produce anualmente más de 130 millones de toneladas de granos, principalmente soja, maíz y trigo. Sin embargo, en 2025 enfrenta un doble desafío: garantizar la seguridad alimentaria interna y, al mismo tiempo, sostener su posición como proveedor confiable en el mercado internacional. Factores como la inflación, la sequía de 2024 y la creciente demanda global ejercen presión sobre el sistema alimentario nacional.

En el mercado interno, la inflación sigue impactando el acceso a alimentos básicos. Según el INDEC, en los primeros ocho meses de 2025, el rubro “alimentos y bebidas” registró un aumento acumulado del 86%, por encima de la inflación general. Esta situación afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, donde el gasto en alimentos representa más del 40% del presupuesto familiar. Organizaciones sociales reportan un incremento en la demanda de comedores comunitarios y programas de asistencia, lo que refleja la creciente vulnerabilidad alimentaria en amplias zonas urbanas y rurales del país.

El sector agroindustrial, motor de la economía argentina, también enfrenta desafíos relacionados con el cambio climático y la variabilidad en los precios internacionales. La sequía de 2024 redujo significativamente la producción de soja y maíz, lo que afectó las exportaciones y la recaudación fiscal. En contraste, algunos sectores muestran señales de crecimiento, como el de las proteínas animales, con un aumento del 9% en las exportaciones de carne bovina durante el primer semestre de 2025, impulsadas por la demanda de China y Europa. Esta diversificación productiva es vista como clave para reducir la dependencia de los granos.

La innovación tecnológica juega un papel central en la mejora de la seguridad alimentaria. Cada vez más productores incorporan herramientas digitales, drones y sistemas de riego inteligente para optimizar el uso de recursos y aumentar la productividad. Según un estudio de la Cámara Argentina de Agrotecnología, el 38% de los establecimientos agrícolas de mediana y gran escala ya implementa prácticas de agricultura de precisión. Sin embargo, la brecha tecnológica entre grandes y pequeños productores sigue siendo significativa, lo que limita la competitividad y la equidad en el acceso a nuevas tecnologías.

En el plano regulatorio, el Gobierno ha impulsado medidas para fortalecer la producción local y controlar el abastecimiento interno. Entre ellas se encuentran programas de financiamiento para pequeños productores, la promoción de la agroecología y la implementación de sistemas de trazabilidad para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos. No obstante, persisten desafíos vinculados a la burocracia, la falta de infraestructura en zonas rurales y la necesidad de mejorar la logística para reducir pérdidas en la cadena de suministro, que actualmente se estiman en un 12% de la producción total.

De cara al futuro, expertos coinciden en que la seguridad alimentaria en Argentina dependerá de una estrategia integral que combine sostenibilidad, innovación y equidad social. Esto implica promover políticas que aseguren el acceso universal a alimentos nutritivos y asequibles, al tiempo que se fomenta la competitividad del sector exportador. Si el país logra avanzar en la modernización de su sistema productivo y en la protección de los recursos naturales, podrá no solo consolidar su rol como potencia agroalimentaria, sino también garantizar el derecho a la alimentación de toda su población.