El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una investigación para determinar si hubo una operación ilegal de inteligencia, pero aclaró que no se podrá afectar el resguardo de las fuentes periodísticas salvo que éstas colaboren voluntariamente.

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este martes la apertura de una investigación judicial para esclarecer una denuncia presentada por el Gobierno que apunta a una supuesta operación de inteligencia ilegal, en la que se habrían interceptado conversaciones privadas de funcionarios, incluida Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

No obstante, Stornelli fue enfático en subrayar la vigencia del derecho constitucional que protege las fuentes periodísticas. Aseguró que la pesquisa no podrá hurgar en esas fuentes ni allanar domicilios de periodistas, salvo que ellos decidan voluntariamente aportar información que consideren relevante para descubrir la verdad.

Esta aclaración responde directamente a un pedido del Ministerio de Seguridad, cuyo abogado, Fernando Soto, buscaba que se interviniera el canal de streaming “Carnaval” (que difundió los audios atribuidos a Spagnuolo y a la hermana del Presidente), y también solicitaba el allanamiento de los domicilios de periodistas y empresarios vinculados con la difusión.