El Gobierno nacional ha lanzado el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal encargada del sistema de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. El plan contempla la transferencia del 90 % de las acciones a capital privado mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, mientras que el 10 % restante seguirá en manos de los empleados. Además, se expedirá un decreto sobre el estado financiero de la empresa y otro que ajusta su marco regulatorio

La decisión se inscribe en la agenda de reformas impulsada por el Gobierno de Javier Milei, quien busca replicar modelos privatizadores del pasado. Según las autoridades, AySA es la única empresa estatal con superávit dentro del paquete considerando su privatización; sin embargo, critica la paralización de obras de infraestructura y acusa a gestiones anteriores de despilfarro. El proceso finalizaría a mediados de 2026, con una licitación convocada hacia fines de 2025.

Esta estrategia ha despertado fuertes debates entre sectores políticos y sociales. Desde el Gobierno porteño y organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires se evalúan los posibles impactos sobre tarifas, calidad del servicio y soberanía del recurso hídrico. El tratamiento político y ciudadano del tema promete ser uno de los ejes centrales en la agenda porteña durante los próximos meses.