La Corte Suprema de Justicia convocó una audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y la provincia de Córdoba, centrada en la deuda que la Anses mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial. El monto de la deuda asciende a cerca de un billón de pesos.

La audiencia comenzó pasadas las 11 en los Tribunales porteños, con la participación del gobernador Martín Llaryora, quien encabezó la comitiva cordobesa, que también incluyó al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el titular de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele; y abogados de la provincia.

El gobierno de Córdoba busca, además de la liquidación de la deuda, un canje de activos nacionales, como tierras, la Central Nuclear de Embalse, la Fábrica de Aviones (Fadea), y otras propiedades estatales. Esta controversia judicial es el resultado del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas impulsado por la Nación.

En declaraciones previas a la audiencia, Llaryora expresó su agradecimiento a la Corte por haber convocado el encuentro y destacó su importancia para “defender la República” y los cánones institucionales. La resolución de este caso podría sentar un precedente jurídico para las demás provincias que aún no traspasaron sus cajas de jubilaciones a la Nación.