La ciudad de Rosario vuelve a estar en el centro del debate nacional tras un nuevo repunte en los hechos de violencia vinculados al narcotráfico. En lo que va del año, los homicidios ligados a bandas criminales superaron los niveles de 2023, lo que encendió las alarmas tanto en el gobierno nacional como en el provincial.

En respuesta a la creciente inseguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó el despliegue de un refuerzo de fuerzas federales en puntos críticos de la ciudad, sumando a Gendarmería, Prefectura y Policía Federal a las tareas de patrullaje urbano. La medida fue anunciada como parte de un “plan integral contra el narcotráfico”, aunque por el momento no se conocen detalles a largo plazo.

Mientras tanto, la vida cotidiana de los rosarinos se desarrolla entre controles policiales, amenazas a funcionarios judiciales y una creciente sensación de desprotección. Comerciantes, vecinos y hasta docentes han denunciado extorsiones, tiroteos y robos, que ya no se limitan a zonas periféricas sino que afectan a barrios céntricos y de clase media.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió apoyo político para avanzar en una reforma profunda del sistema penal provincial y reclamó mayores recursos judiciales. Por su parte, desde la Casa Rosada insisten en que la lucha contra el narcotráfico es una “prioridad nacional”.

Sin embargo, los especialistas advierten que la militarización de las calles no alcanza sin una estrategia integral que incluya políticas sociales, mejoras en el sistema judicial y una intervención real en los flujos financieros del crimen organizado.